Durante el periodo de tramitación de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo pusimos de manifiesto que la misma generaba demasiadas zonas de sombras, y que además era necesario abordar la cuestión del aborto de una vez por todas y de manera definitiva como el derecho de las mujeres a decidir de manera libre, voluntaria y dentro del marco de las prestaciones de la red sanitaria pública, con expresa regulación de la objeción de conciencia.
Por parte del Gobierno se vino argumentando que esta Ley debía ajustarse a los ya estrictos límites que marcaba la famosa Sentencia del Constitucional de 1985, y que en todo caso se trataba de dar mayor garantía a mujeres y a profesionales.
Estaba claro por tanto que esta Ley no contentaba ni a los grupos de mujeres que históricamente veníamos luchando por nuestro derecho a decidir sobre la maternidad, y que veíamos la oportunidad de mejorar la propuesta, ni tampoco iba a contentar a los sectores más conservadores y reaccionarios que sistemáticamente se oponen a cualquier avance en los derechos de las mujeres y en su posición social (está claro que esos sectores conservadores y reaccionarios se alinean en torno al PP, a la Iglesia Católica y a asociaciones de corte religioso y fascistoides, pero también, es bueno recordarlo, que ha habido voces de personas supuestamente progresistas que se han manifestado en contra de toda o parte de la Ley bajo criterios de no se sabe bien qué confianza o desconfianza mantienen en las relaciones con sus hijas).
Uno de los aspectos que ya denunciamos era la entrega de un sobre con información previa al consentimiento en los supuestos de IVE, hecho este que nos parece de absoluta falta de respeto a las mujeres y a nuestra capacidad para discernir. Para desarrollar esta norma, el Gobierno ha dictado un Decreto sobre el contenido de esta información. El resultado no puede ser más desolador: La información se limita a “información sobre las políticas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad”. Nada dice sobre los derechos a la IVE, ni información sobre la anticoncepción.
La información contenida en el sobre en vez de servir de apoyo en la toma de su decisión, parece estar pensada para generar confusión, para someter a las mujeres a una especie de duda emocional.
Otro de los aspectos desarrollados por Decreto del Gobierno ha sido el relativo al consentimiento de las jóvenes de 16 y 17. Si ya estábamos en desacuerdo con el requisito 4º del artículo 13 por obligarlas a informar a sus representantes legales,, el desarrollo realizado por el RD empeora considerablemente la situación de las jóvenes:
La presunción de “conflicto grave” queda en manos de profesionales que actuarán sin criterios o bajo criterios desconocidos (o lo que es lo mismo, conforme al criterio personal del profesional que te toque), quien no tiene establecido un plazo para emitir su diagnóstico (hay que tener en cuenta que al establecer la ley un plazo de 14 semanas, este dictamen puede convertirse en un obstáculo indirecto que impida la IVE dentro del plazo).
En caso de que por esos profesionales se detecte una situación de malos tratos ¿deberán denunciarlo ante la autoridad judicial?
Y en el caso de las jovenas tuteladas por las Comunidades Autónomas ¿será el mismo gobierno –como el caso de Murcia- que viene alentando la desobediencia a la Ley quien garantice los derechos de estas mujeres?
En definitiva esta norma no ha hecho otra cosa que dejar a las jóvenes en un total desamparo ante sus derechos sexuales y reproductivos.
Confiábamos en que el Gobierno a la hora de desarrollar la Ley hubiera aprovechado para corregir aquellos aspectos que limitan el derecho a decidir de las mujeres, que de una vez se hubiera posicionado del lado de quienes deben tener la última palabra, sin embargo, y una vez más, ha sucumbido a las presiones de los sectores conservadores y de los progresistas que en esta materia siempre resultan ser buenos aliados.
De las posibles opciones el gobierno ha optado por la peor provocando con ello un nuevo desencuentro. Y si a esto le sumamos otras iniciativas legislativas que tanto y tan negativamente afectan a las mujeres desde luego el panorama es sencillamente Desolador.
Etiquetas: Aborto, la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
