Recientemente la Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura ha hecho llegar a las organizaciones de mujeres de la Comunidad el anteproyecto de Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.

Vaya en primer lugar nuestro reconocimiento tanto al Instituto de la Mujer como a la Secretaría de Igualdad de la Ejecutiva Regional del PSOE por habernos dado la oportunidad de expresar nuestros criterios sobre el texto del anteproyecto, y aunque ya les hicimos llegar nuestras preocupaciones, inquietudes y propuestas creemos necesario insistir desde este espacio  en algunos aspectos de ese Anteproyecto que, de mantenerse, darán al traste con la participación de las organizaciones de mujeres en las políticas y acciones de igualdad que en definitiva nos afectan de manera directa, además de otros aspectos que evidencian la resistencia de los poderes públicos a hacer real y efectiva la idea de igualdad.

Realizar desde aquí un exhaustivo análisis del proyecto resulta imposible ante la extensión del mismo, pero sí queremos, al menos,  poner de manifiesto aquellos aspectos más preocupantes de un texto que no  solo no mejora el contenido de la Ley de Igualdad Estatal (Ley Orgánica 3/2007), sino que rebaja objetivos hasta el punto de reducir postulados básicos a meros enunciados de dudosa efectividad.

En primer lugar resulta preocupante  que este proyecto de Ley, que explícitamente asume la transversalidad de género como modelo de actuación de los poderes públicos, en la práctica no hace otra cosa que fragmentar las  políticas de igualdad vaciando de contenido al propio Instituto de la Mujer, de tal manera que no solo no plantea adecuadamente qué significa actuar bajo el principio de transversalidad de género, sino lo que es peor, deja la gestión de ese principio al criterio de cada una de las Consejerías, Organismos o entidades de la Administración Autonómica. ¿Qué sentido tendrá para quienes  no creen en  la igualdad  mantener un organismo de igualdad con estructura y presupuesto propios cuando cada Consejería tiene autonomía para planificar, ejecutar y evaluar las políticas de igualdad que estime oportuno realizar?

Y si preocupante es el  tratamiento que hace de la Transversalidad más lo es el que hace de la Participación y el Empoderamiento de las mujeres. Es evidente que quien haya redactado este texto no cree en la participación de las mujeres ni en las estructuras de participación que pueda servir de instrumento de interlocución entre las organizaciones y la institución. Tal es así que, aun dejándolo   para un desarrollo posterior que en todo caso deberá ajustarse al marco fijado por la Ley, el Consejo de las Mujeres pierde su carácter consultivo y de interlocución para convertirse en un no sabemos qué, que dependerá del pensamiento y actitud de quien esté al frente del órgano de igualdad (si es que existe después de esta ley, claro).

Pierde esta Ley, si el tramite parlamentario no lo remedia, la oportunidad de dar a la violencia de género un tratamiento adecuado, ajustado a la realidad y acorde con los tratados internacionales ratificados por España. Debemos recordar en este aspecto que la violencia de género no es sólo la que sufren las mujeres  en el ámbito de sus relaciones de pareja, que violencia de género es aquella que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujer en los distintos ámbitos de la vida, y se manifiesta de diversas y múltiples  formas, y que si bien los derechos que reconoce la Ley Integral se aplican solo a una modalidad de la violencia de género, no puede ni debe la Ley extremeña no reconocer la existencia de esas otras violencias (abusos sexuales, violaciones, prostitución forzada, trata, acoso sexual, etc), con independencia de qué derechos quiera reconocérsele o no a las víctimas.

Continúa este proyecto de ley ahondando en el error al crear una brecha entre los recursos y servicios de la Comunidad Autónoma, y más en concreto del IMEX y el resto de las administraciones públicas. El Instituto de la Mujer no puede actuar de espaldas ni a los Ayuntamientos ni al Gobierno Central, no puede ignorar a las demás administraciones públicas, menos cuando desde todas ellas se hacen esfuerzos por poner en marcha sus propios servicios y órganos de igualdad (sean Concejalías o Secretarías de Estado). Tampoco puede en este punto ignorar el papel desempeñado por las organizaciones feministas, ni suplantarlos por otras organizaciones mixtas que no representan a las mujeres si no es en aspectos muy concretos de nuestras vidas. ¿Se puede hablar de Red Regional de Violencia a una red que solo integra los servicios del propio Instituto de la Mujer y no tiene en cuenta que hay Ayuntamientos, Ministerios y Organizaciones que también intervienen en materia de violencia de género? Una red Excluyente no debe autodefinirse como tal y hacer un esfuerzo de revisión autocrítica aceptando que siempre es mejor sumar que excluir.

Son estas  unas pinceladas urgentes sobre el texto que se remite a la Asamblea, un texto que nos llena de preocupación y desasosiego. La igualdad es un asunto muy serio, tan serio como cualquier otro que afecte a la dignidad, a la seguridad o a la vida, y por eso no vale cualquier ley, ni vale cumplir un trámite para quedar bien y presentar una propuesta de ley que no lleve acompañada la dotación económica necesaria para su efectiva aplicación.

Queremos una Ley de Igualdad, Sí, pero No esta ley.

Por parte del Gobierno se vino argumentando que esta Ley debía ajustarse a los ya estrictos límites que marcaba la famosa Sentencia del Constitucional de 1985, y que en todo caso se trataba de dar mayor garantía a mujeres y a profesionales.

Estaba claro por tanto que esta Ley no contentaba ni a los grupos de mujeres que históricamente veníamos luchando por nuestro derecho a decidir sobre la maternidad, y que veíamos la oportunidad de mejorar la propuesta,  ni tampoco iba a contentar a los sectores más conservadores y reaccionarios que sistemáticamente se oponen a cualquier avance en los derechos de las mujeres y en su posición social (está claro  que esos sectores conservadores y reaccionarios se alinean en torno al PP, a la Iglesia Católica y a asociaciones de corte religioso y fascistoides, pero también, es bueno recordarlo, que ha habido voces de personas supuestamente progresistas que se han manifestado en contra de toda o parte de la Ley bajo criterios de no se sabe bien qué confianza o desconfianza mantienen en las relaciones con sus hijas).

Uno de los aspectos que ya denunciamos era la entrega de un sobre con información  previa al consentimiento en los supuestos de IVE, hecho este que nos parece de absoluta falta de respeto a las mujeres y a nuestra capacidad para discernir.  Para desarrollar esta norma, el Gobierno ha dictado un  Decreto  sobre el contenido de esta información.  El resultado no puede ser más desolador: La información se limita a “información sobre las políticas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad”.  Nada dice sobre los derechos a la IVE, ni información sobre la anticoncepción.

La información contenida en el sobre en vez de servir de apoyo en la toma de su decisión, parece estar pensada para generar confusión, para someter a las mujeres a una especie de duda emocional.

Otro de los aspectos desarrollados por Decreto del Gobierno ha sido el relativo al consentimiento de las jóvenes de 16 y 17. Si ya estábamos en desacuerdo  con el requisito 4º del artículo 13 por obligarlas a informar a sus representantes legales,, el desarrollo realizado por el RD empeora considerablemente la situación de las jóvenes:

La presunción de “conflicto grave” queda en manos de profesionales que actuarán sin criterios o bajo criterios desconocidos (o lo que es lo mismo, conforme al criterio personal del profesional que te toque), quien no tiene establecido un plazo para emitir su diagnóstico (hay que tener en cuenta que al establecer la ley un plazo de 14 semanas, este dictamen puede convertirse en un obstáculo indirecto que impida la IVE dentro del plazo).

En caso de que por esos profesionales se detecte una situación de malos tratos ¿deberán  denunciarlo ante la autoridad judicial?

Y en el caso de las jovenas tuteladas por las Comunidades Autónomas ¿será el mismo gobierno –como el caso de Murcia- que viene alentando la desobediencia a la Ley quien garantice los derechos de estas mujeres?

En definitiva esta norma no ha hecho otra cosa que dejar a las jóvenes en un total desamparo ante sus derechos sexuales y reproductivos.

Confiábamos en que el Gobierno a la hora de desarrollar la Ley hubiera aprovechado para corregir aquellos aspectos que limitan el derecho a decidir de las mujeres, que de una vez se hubiera posicionado del lado de quienes deben tener la última palabra, sin embargo, y una vez más, ha sucumbido a las presiones de los sectores conservadores y de los progresistas que en esta materia siempre resultan ser buenos aliados.

De las posibles opciones el gobierno ha optado por la peor provocando con ello un nuevo desencuentro.  Y si a esto le sumamos otras iniciativas legislativas que tanto y tan negativamente afectan a las mujeres desde luego el panorama es sencillamente Desolador.

La organización de los tiempos de trabajo en cada empresa se realiza teniendo en cuenta diversos factores relacionados directamente  con la actividad empresarial concreta, y se van adecuando con las nuevas necesidades y realidades del mercado. Sin embargo, las empresas relacionadas con servicios a los domicilios parece que todavía no se han dado cuenta de que la situación ha cambiado, que ya las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, que prestamos nuestros servicios fuera de casa, generalmente en los mismos horarios que esas empresas se empeñan en hacer los repartos a domicilio o dar lectura a los contadores de suministros.

Pensar que por las mañanas siempre va a haber una mujer en casa que les recogerá la carta,  el paquete o la bombona,  que le abrirá puerta  y le facilitará el trabajo es querer seguir manteniendo una estructura económica basada en el mantenimiento de la actividad pública masculina y la presencia de las mujeres en lo doméstico. Y es por eso que si no estás tienes sanción: o vas tú a recoger lo que fuera que te hubieran debido dejar en casa o tienes que hacer la lectura del contador y encargarte de llamar a un contestador automático, so pena de tener que pagar varios recibos juntos.

Por favor, ordenen sus tiempos de trabajo no sobre la premisa de las mujeres en el hogar sino sobre la eficacia en la prestación de sus servicios conforme a la nueva realidad social.

]]> http://malvaluna.wordpress.com/2010/02/17/lectura-de-contadores-y-entregas-a-domicilio/feed/ 0 malvaluna http://malvaluna.wordpress.com/2010/01/29/terremoto-en-haiti-mujeres-invisibles/ http://malvaluna.wordpress.com/2010/01/29/terremoto-en-haiti-mujeres-invisibles/#comments Fri, 29 Jan 2010 19:27:05 +0000 malvaluna http://malvaluna.wordpress.com/?p=14 ]]> El terremoto de Haití se ceba en el cuerpo, la salud y la vida de las mujeres. Como suele ocurrir, en momentos de emergencia la salud y la vida de las mujeres quedan en  segundo lugar, como si fuéramos ciudadanas de segunda o de tercera.

Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en Haití: los hospitales no atienden los partos porque hay “cosas más urgentes” que atender. Las mujeres tienen dificultad para superar el parto como consecuencia de la desnutrición.   En medio del caos las mujeres son sexualmente agredidas con absoluta impunidad, pues ni saben donde denunciar y las que se atreven a hacerlo ven como la policía pospone la investigación porque hay “asuntos más urgentes”.

Todo es más urgente y prioritario que la vida, la salud o la seguridad  de las mujeres, quizás por eso llama la atención el absoluto silencio que los medios de comunicación guardan al respecto, lo que es peor, quizás ni tan siquiera se han planteado que esto esté ocurriendo. Aunque no se hable de  ella esta vergüenza existe, y aunque invisible se sigue cobrando la vida de las mujeres.

Solidaridad con Haití, también con sus mujeres.